Empresarios le ponen presión al Gobierno y piden declaración de emergencia en la obra pública
Demora en los pagos y falta de financiamiento motivaron a la Cámara Argentina de la Construcción a solicitarle un pedido de por carta a funcionarios nacionales: la declaración de emergencia en la obra pública, uno de los aspectos de los que sale a enorgullecerse los dirigentes de Juntos por el Cambio
«Denuncia situación excepcional para la actividad de la construcción de obra pública. Solicita declaración de emergencia y adopción de medidas urgentes», sostiene el encabezado de la misiva que le enviaron al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
«La incertidumbre genera alteraciones en los mercados, que han restringido la entrega de insumos (pues el proveedor no puede determinar el costo de reposición de lo entregado) o que proponen la entrega en cuenta corriente con precio a fijar», se especificó.
La Cámara alertó que «a las ya existentes dificultades de costos incontrolables y costos financieros exorbitantes, se agregan ahora dificultades de aprovisionamiento, que tornan imposible la continuidad de las obras, constituyendo una clara situación de emergencia”.
La solicitud llegó luego de la fuerte devaluación post PASO que dejó al parecer sin precio a varios insumos y complicó las operaciones de varias empresas constructoras. Fueron las firmas del interior del país las que presionaron para emitir un documento que dieran cuenta de la situación, según trascendió.
«Solicitamos la declaración de emergencia en la ejecución de contratos de obra pública», enfatiza el documento. La entidad ya había advertido que la situación macroeconómica complicaba el funcionamiento de las empresas adheridas, en especial por las altas tasas de interés, falta de crédito e inestabilidad financiera, un escenario al que se le sumó la reciente disparada del dólar.
Para Camarco, a raíz del ajuste fiscal «se generaban graves perjuicios los atrasos crecientes en los pagos de las obras certificadas; demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente; aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones más que fundadas que lo justifican; indefinición de los Comitentes sobre la disponibilidad de cuota presupuestaria para los meses subsiguientes».
En este marco, los constructores le solicitaron a Dietrich que disponga «de forma urgente» el pago de todo crétido a favor del contratista, la «neutralización de los contratos», sin multas, la «liquidación de las redeterminaciones de precios» y la revisión de precios de los contratos.
En medio de un plan de ajuste fiscal, a partir de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, hubo dudas en torno a la continuidad de los proyectos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, el Gobierno salió a ratificar el programa. Incluso, el estatal Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) lanzó en junio una línea de 100 millones de dólares en préstamos-puente para impulsar inversiones en los PPP de rutas y autopistas.
