«Gestapo antisindical»: Piden la imputación de Vidal
En las últimas horas, el abogado del dirigente sindical Juan Pablo «Pata» Medina, César Albarracín, presentó ante el juez federal Ernesto Kreplak de La Plata un pedido para investigar e imputar a la exgobernadora María Eugenia Vidal «por el armado de causas penales contra su defendido en el marco de la denominada ‘mesa judicial bonaerense'».
En las últimas horas, el abogado del dirigente sindical Juan Pablo «Pata» Medina, César Albarracín, presentó ante el juez federal Ernesto Kreplak de La Plata un pedido para investigar e imputar a la exgobernadora María Eugenia Vidal «por el armado de causas penales contra su defendido en el marco de la denominada ‘mesa judicial bonaerense'».
Albarracín se refirió a la entrevista que brindó ayer la diputada nacional y aseguró que hubo «graves inconsistencias» en sus dichos. «A ello se suma circunstancias objetivas conocidas: el video en el que participaron dos de sus ministros y el subsecretario de Justicia, el intendente de La Plata y el senador Juan Pablo Allan, que integraba por Cambiemos el Consejo de la Magistratura», destacó.
En su presentación, Albarracín hace mención a la reunión que tuvo lugar en la sede del Banco Provincia en CABA en 2017 y sostiene que Vidal «no podía desconocer la existencia ni el contenido de esa reunión».
«Ella no puede considerarse ajena a la maniobra ni desconocerla como quiso decir ayer», sentenció. El abogado de Medina acompañó el pedido de imputación con una desgrabación de la entrevista televisiva que brindó ayer Vidal al canal LN+ «por cuanto estimo que sus dichos resultan indicativos de su posible participación en los hechos investigados».
Para el letrado, la ex gobernadora «mintió» cuando dijo que el subsecretario Grassi estuvo en la reunión porque era la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a las víctimas. «Las causas iniciadas contra Medina luego de esa reunión no fueron iniciadas por denuncias de empresarios asistidos por el ministerio, sino por presentaciones anónimas», remarcó.
«El área de asistencia a la víctima dependió durante su gobierno de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que en ese momento se encontraba a cargo de Ignacio Hagelstrom. No hace falta mencionar que Adrián Grassi no es psicólogo ni asistente social, y que lejos de cualquier rol de contención, no hizo más que influir sobre los futuros testigos explicándoles que debían modificar sus relatos para que los hechos puedan encuadrar en algún delito», argumentó el letrado.
Además, Albarracín cuestionó a Vidal por afirmar que se trataba de «una reunión de trabajo” y consideró que aquello es «inconsistente» dada la presencia de tres altos agentes de la AFI en el encuentro.
Por otro lado, indicó que «Juan Pablo Medina, con 68 años, no tiene un solo antecedente penal. El proceso del año 2001 finalizó en sobreseimiento. Tampoco tuvo imputación ni procesamiento por los hechos de San Vicente». El defensor de Medina subrayó que «esta sucesión de mentiras y falsedades, junto al intento de justificación de la actividad desplegada para el armado de las causas, no es más que constitutivo de lo que la doctrina denomina indicio de mala justificación que, en el caso, posicionaría entonces a Vidal como una de las máximas responsables de los hechos que se investigan».